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Monday, June 20, 2011
Un relevamiento del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género en el campo de la política, las empresas, los sindicatos y la sociedad civil, le puso números a la ausencia femenina en los espacios de poder. Donde hubo más avances fue en el terreno político.
A pesar de que las mujeres han ido ganando espacios de poder en la Argentina, todavía son muy pocas las que ocupan cargos de máxima autoridad en instituciones y organismos públicos y privados. De cada diez puestos relevados, menos de dos están en manos femeninas en el campo de la política, las empresas, los sindicatos y la sociedad civil, de acuerdo con un relevamiento de 13.627 cargos, realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). La conclusión del estudio es que el país presenta “un estado crítico en términos de equidad de género”, aunque se hayan registrado avances en el terreno político. La radiografía del poder muestra que hay una sola gobernadora (Fabiana Ríos, de Tierra del Fuego) y cuatro provincias que no cuentan con mujeres en sus gabinetes: Corrientes, Entre Ríos, Mendoza y La Rioja. De los tres poderes del Estado, el Judicial es en donde las mujeres se encuentran mayormente sub-representadas en los lugares de máxima responsabilidad: ocupan apenas el 15 por ciento de los lugares de mayor jerarquía. Aunque existe una ley de cupo sindical, apenas el 5 por ciento de los gremios nacionales tiene en sus comisiones directivas una dama, lo que pone en evidencia la relevancia que adquiere la forma en que se implementa esa herramienta de acción positiva. Pero es en el sector de los negocios donde se registra el valor más bajo: las mujeres ocupan apenas el 4,4 por ciento de los puestos directivos de primera línea de las grandes empresas del país.
A 20 años de la sanción de la ley de cupo –que fijó un piso de 30 por ciento de mujeres en listas de candidatos al Parlamento nacional–, el Congreso es el ámbito con mayor presencia de mujeres en comparación con otros territorios, incluso de la política: el 38 por ciento de las bancas corresponde a mujeres en la actualidad. Ese porcentaje posiciona a la Argentina en el puesto número 12 a nivel internacional, de acuerdo con el ranking elaborado por la Unión Parlamentaria. Así supera a países desarrollados como Estados Unidos (71º, con 17 por ciento), Canadá (50º, con 22) y Australia (33º, con 27). La abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, explicó a Página/12 los objetivos del estudio que lleva por título “Sexo y Poder”: “La idea fue ver en qué medida ese piso de 30 por ciento de mujeres en los espacios legislativos era representativo o al menos indicativo de la presencia de mujeres en otros espacios de poder. Nos propusimos sacar una foto de la sociedad argentina en términos de equidad de género en los espacios de decisión” (ver aparte). A partir de los datos analizados (13.627 puestos de máxima jerarquía en 4281 instituciones de orden nacional, provincial y municipal), ELA construyó el Indice de Participación de las Mujeres (IPM). Se trata de un valor que varía de 0 a 10. A medida que se acerca a 5 –punto de equidad de género–, refleja mayor equidad entre mujeres y varones. La principal conclusión es que el país presenta un “estado crítico” con relación a la participación de las mujeres en lugares de poder, con un IPM de apenas 1,5 por ciento.
Aunque al frente del PEN hay una mujer –CFK– y hay un número significativo de legisladoras en el Congreso, el porcentaje de mujeres que ocupan cargos de máxima autoridad en el terreno político es inferior al 20 por ciento, de acuerdo con el relevamiento de ELA. Sólo cinco presidencias de partidos, de 33 de orden nacional, están a cargo de una mujer. En el PEN, la proporción de mujeres es del 21 por ciento. Es inferior en los gabinetes provinciales, donde sólo hay un 14 por ciento de ministras. Hay una sola provincia donde las mujeres son mayoría en el gabinete: es el caso de San Luis (54%), seguida por Tierra del Fuego (38%). La provincia que registra más mujeres en el Poder Legislativo es Santiago del Estero, donde se llega a la paridad. La que registra menor porcentaje en su Cámara de Diputados es San Juan: sólo llega al 15 por ciento. Para medir la participación femenina en el ámbito de la sociedad civil, la investigación relevó direcciones o presidencias de las organizaciones que integran la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI) y de las cúpulas sindicales, entre otros ámbitos. El IPM en este terreno resultó “llamativamente inferior” al detectado en la política: tan sólo el 8,1 por ciento de los cargos de más alta jerarquía corresponde a mujeres.
En el campo sindical está vigente desde 2002 una ley de cupo que fijó un piso mínimo de 30 por ciento para cargos electivos. La investigación encontró que rara vez se llega a ese porcentaje. Las confederaciones son los ámbitos que presentan un mayor porcentaje de mujeres: “Ocupan el 14 por ciento de las secretarías generales y constituyen poco más de un cuarto del total de integrantes de las comisiones ejecutivas”. En sindicatos y federaciones, “la situación es más desfavorable”: las entidades a cargo de mujeres representan menos del 5 por ciento. El porcentaje de mujeres en comisiones directivas alcanza al 20 por ciento en los gremios, mientras que en las federaciones apenas supera el 12.
La especialista advierte que las oportunidades para el acceso a estamentos de poder no son iguales entre ambos sexos: a las mujeres se les exige mucho más que sólo el mérito. Por qué son positivas las medidas como el cupo.
La identificación de las mujeres con el rol materno y de cuidadoras de los adultos mayores o enfermos es uno de los obstáculos que frenan el ascenso de las mujeres a puestos de decisión, advierte Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, la ONG que llevó adelante el relevamiento sobre el sexo del poder en la Argentina (ver nota central). Para revertir esa tendencia histórica, Gherardi plantea que se promueva un abanico de medidas que contribuyan a que las mujeres puedan perforar el famoso “techo de cristal”, entre ellas, “jornadas escolares compatibles con las jornadas laborales, servicios de guardería infantil, apoyo a las familias monoparentales/monomaternales para el problema del cuidado, mecanismos transparentes de ascenso y promoción –que no dependan de redes informales de las que las mujeres muchas veces no participan– y, en suma, generar una cultura de involucramiento de todas las personas que integran la familia (varones y mujeres) en todas las tareas de cuidado y reproducción social, teniendo en cuenta que las dificultades del cuidado no se agotan ni por lejos en la etapa de la gestación y licencia posterior sino que nos acompañan a todos, toda la vida”.
–Del estudio Sexo y Poder surge que en el Poder Legislativo, donde se impuso una ley de cupo, es donde mayor porcentaje de mujeres hay en puestos de poder. ¿Hay que concluir que las mujeres no pueden acceder a lugares relevantes de poder en otros ámbitos sin medidas de discriminación positiva?
–Las mujeres acceden a los puestos en todos los ámbitos, lo que hay es un problema de proporciones: hay un número insuficiente de mujeres en los altos puestos que no se explica si no es por motivos de discriminación, ya que hay una gran cantidad de mujeres con las necesarias credenciales educativas y trayectorias laborales. Evidentemente hay condiciones desiguales para el ejercicio de las oportunidades y medidas de acción afirmativa como la ley de cupo ofrecen una manera de superar esos obstáculos que no son objetivos, sino subjetivos. Pero las leyes de cupo –como normas que establecen una cantidad fija de puestos reservados para alguien de determinado sexo– no son la única herramienta posible.
–Cuando se discute la pertinencia de las leyes de cupo, hay quienes replican –incluso mujeres– que no son necesarias, que cada cual se debe ganar su lugar con esfuerzo y no a partir de la imposición de una cuota. ¿Cuál es su mirada en torno de ese debate?
–El argumento del mérito es interesante si se aplicara el mérito como medida para el acceso a todos los cargos, de todos los ámbitos gubernamentales y no gubernamentales, independientemente de su sexo. Hay tantos varones no brillantes ocupando lugares de decisión que por qué exigir que todas las mujeres lo sean. Tenemos que promover y generar las condiciones para que las personas más preparadas, más lúcidas, más honestas ocupen los cargos de representación, de ambos sexos.
–Otro cuestionamiento es sobre la finalidad de promover mujeres en puestos de decisión...
–Promover más mujeres es promover una mejor democracia. Una democracia plural, que permita que escuchemos voces diversas. Pero así como no creo que haya un colectivo homogéneo de “mujer” –porque las condiciones socioeconómicas, educativas, familiares, origen étnico, religioso, identidad sexual, etc. nos condicionan y moldean nuestras subjetividades más allá de las coincidencias del sexo al que pertenecemos–, tampoco creo que las mujeres que ocupan cargos legislativos puedan o deban representar a las mujeres. En línea con el objetivo del feminismo, que es la lucha para que la diferencia sexual no se traduzca en desigualdad social, creo que esa debería ser una aspiración de todas las personas que ejercen cargos de representación, mujeres y varones, que creen en el valor de una sociedad justa y equitativa.
–El mundo de la economía y los negocios, donde hay más poder y dinero en juego, es donde menos mujeres hay en los puestos de poder. ¿Hay experiencias en otros países para revertir esa tendencia?
–Las empresas de capitales de otros países, en particular de los Estados Unidos, Canadá y Europa, tienen una preocupación particular por esta falta de diversidad en los puestos de mayor jerarquía y por eso hay políticas específicas de promoción de diversidad –donde la diversidad sexual es una entre otras–. Estas políticas ponen el énfasis en favorecer la conciliación trabajo familia, establecer mecanismos transparentes de ascenso, limitar los horarios de trabajo y cuidar los horarios de reuniones, entrenamiento y capacitaciones –que no estén fuera del horario de trabajo habitual–, y sobre todo tienen políticas de monitoreo constante de sus plantas de empleados y empleadas: mantienen un ojo atento sobre la composición de su fuerza laboral para poder promover nuevos liderazgos que permitan mantener o alcanzar la diversidad. En Argentina, muchas de las políticas de este tipo llegaron originalmente de la mano de empresas transnacionales. En los últimos años también comenzaron a ser implementadas por empresas de capital local.
El caso británico.
¿Es posible comparar el Indice de Participación de las Mujeres de la Argentina con el de otros países? Lo que existe a nivel internacional son estudios que toman algunos parámetros, principalmente el Poder Legislativo o incluso el Ejecutivo, explican en ELA. Pero hay un estudio que se hizo durante varios años en Gran Bretaña y que inspiró a la ONG argentina para elaborar el IPM y es el informe “Sex and Power”, que realizaba la Comisión de Igualdad de Oportunidades del Gran Bretaña, la autoridad de aplicación de la ley contra la discriminación sexual vigente. Entre las principales empresas relevadas por el Financial Times –fuente del sector para ese estudio–, el porcentaje de mujeres en los puestos de máxima jerarquía en los últimos años fue de 8,6 por ciento (2003), 9,7 por ciento (2004), 10,5 por ciento (2005), 10,4 por ciento (2006) y 11 por ciento (2007/8). Es decir, entre el doble y casi el triple del 4,4 por ciento que registró ELA en la Argentina.
POR: Mariana Carbajal. PAGINA12.
ARREGLOS FOTOGRAFICOS: ALBERTO CARRERA
